¿Por qué Colombia es el país más peligroso para los líd… — Transcript

Muy buenos días a todas las personas que a esta hora se conectan a este espacio del tiempo a través de nuestras distintas redes sociales y distintos espacios digitales.

Hoy estamos hablando de una noticia que entristece al país, el 2022 fue un año gris para los defensores ambientales en Colombia, según el informe más reciente de Global Witness.

En Colombia fallecieron en 2022, fueron asesinados 60 defensores de la tierra, eso es cerca del 34% de los que se asesinaron en el mundo, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso por lejos para ser un líder ambiental en el mundo.

Y para hablar sobre ese tema tenemos hoy al Dr. Camilo Prieto, él hace parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú.

Y va a estar hablándonos un poco de cómo este acuerdo puede ayudarnos a mitigar esta problemática que durante los últimos años hemos venido viviendo, también nos acompaña Vanessa Torres de Ambiente y Sociedad.

Que nos va a estar hablando un poco de el escenario jurídico y cómo las protecciones para los líderes ambientales, digamos, no han sido suficientes y por eso estamos viendo lo que estamos viendo.

Y también nos acompaña Oneida Suárez, ella es docente y líder ambiental en Santander.

Está con nosotros y hace parte, de hecho, de la historia que contamos hoy en el tiempo y nos va a contar un poco de lo difícil que es ser líder ambiental y sobre todo cómo ha sido vivir con esas amenazas que ella ha recibido desde 2019.

Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y a mí me gustaría empezar así como empezamos la historia que hoy está publicada en el tiempo y es con el relato de Oneida.

Con el relato de una defensora de la tierra.

Con el relato de una de estas personas que son una voz importante para el cuidado del medio ambiente en el país.

Pero son voces que vienen siendo silenciadas desde hace varios años.

Oneida, me gustaría que me contaras y y me lo decías ya ayer y anteayer, lo difícil que ha sido ser líder ambiental en una región tan conflictiva.

Pero además, el poco apoyo que ha sentido desde el 2019 cuando empezaron a llegarte esas amenazas contra tu vida.

Mientras logramos conectarnos con Oneida, me gustaría entonces pasar con el Dr. Camilo, que también ha sido líder ambiental.

Además de, digamos, un gran defensor de de de estas problemáticas.

Y preguntarle al Dr. Camilo, digamos, qué está fallando en el país, sobre todo, y qué tiene que ver el Acuerdo de Escazú en eso.

Por lo cual estamos viendo estas cifras tan elevadas de asesinatos de líderes ambientales.

Bueno, esta es una noticia, Edwin, trágica para el país, valoro que pues la casa del tiempo, la casa editorial del tiempo y particularmente pues usted se haya sensibilizado tanto por este tema.

Porque hoy el país entero debería estar hablando de una situación como esta y es que Colombia sea el país más peligroso de la tierra para quienes defienden los ecosistemas y los derechos humanos.

¿Qué está ocurriendo?

Que las masacres, los asesinatos no cesan y que la conflictividad socioambiental que existe en diferentes zonas del país.

Voy a poner dos ejemplos concretos, por ejemplo, la extracción ilícita de oro en el Chocó, control territorial del agua, por ejemplo, en la Guajira.

Están llevando a que quienes tengan que pagar con su vida sean los líderes ambientales que están mediando por resolver esas situaciones.

Donde, Edwin, característicamente no hay presencia del Estado, de esas especialmente donde estoy hablando.

Es decir, este es un problema de carencia de presencia estatal por un lado.

Y segundo, hay muchos lugares donde a pesar de que hay presencia del Estado, los líderes ambientales y derechos humanos no cuentan con las garantías para poder ejercer sus actividades.

Es como si en este momento los focos de la violencia estuvieran centrados específicamente en estos grupos de personas.

Y esto, desafortunadamente, está llevando incluso, Edwin, a que se limite el acceso a programas educativos en temas ambientales.

Voy a contarle un caso muy puntual, nosotros con la Universidad Javeriana tenemos un programa que usted conoce con líderes ambientales del Chocó.

Y hemos tenido que cancelar dos veces las actividades académicas de visita de la universidad hacia el territorio, precisamente por actos de violencia.

Y muchas veces por situación de paro armado, los estudiantes no pueden desplazarse hacia sus lugares de conexión para poder acceder a las clases.

Y esto es apenas solo algunos detalles al margen.

La situación realmente es muy complicada en diferentes zonas del país.

Y vemos con una enorme preocupación que a medida que van pasando los años, a pesar de que en este momento ya el Congreso haya aprobado el Acuerdo de Escazú.

A pesar de que el presidente ya haya sancionado la ley sobre el Acuerdo de Escazú y que en este momento pues se se encuentre en discusión en la Corte Constitucional.

Seguramente ahora Vanessa nos va a poder hablar mucho más en detalle sobre este tema, aún el acuerdo no se ha ratificado.

Y lo que ha ido pasando año tras año es que estas muertes se siguen incrementando y las zozobras sobre los líderes ambientales sigue presente.

Y ahí hay un tema a propósito y lo tocábamos también en esta nota que justo ahora estamos viendo y que hace parte de el especial que lanzamos hoy con varias notas sobre los líderes ambientales asesinados en Colombia.

Y es el tema de que este gobierno, digamos, y y lo resalta también el informe, ha sido el primero en la historia del país que incluye la protección de los líderes ambientales como parte de su política pública.

De su marco normativo y su política pública y me gustaría hablar con Vanessa porque Vanessa me decía, hay una voluntad del gobierno.

Pero también hay unas problemáticas de cuando entra el gobierno, de cuando logra posicionarse que impiden que todavía y que nos muestran que todavía estamos viendo esta problemática de aumentos de asesinatos en los líderes ambientales.

Hola.

Sí, gracias, Edwin, y a al tiempo, por supuesto, por impulsar este espacio.

Es es crítica la situación que se evidencia en el reporte de Global Witness.

177 personas defensoras del ambiente fueron asesinadas en nuestra región por alzar la voz.

60 de estas personas fueron asesinadas en Colombia y algo que desde Ambiente y Sociedad siempre repetimos y reiteramos a toda la ciudadanía.

Que tal vez se ve un poco alejada de estas luchas sociales y ambientales, es recordar que estas personas no son solo cifras.

Que detrás de estas personas hay familias, hay procesos comunitarios que se ven truncados por la violencia que se vive en nuestro país.

Entonces, frente a lo que tú mencionas, efectivamente es importante recordar que las cifras que se enmarcan en este informe son del año 2022.

Un año de cambio de gobierno, un año electoral que, como sabemos, siempre es un escenario de conflicto, desafortunadamente, en en Colombia.

Tenemos un nuevo gobierno que asume el reto de establecer en su Plan Nacional de Desarrollo la protección de las personas defensoras del ambiente como una prioridad.

Es la primera vez en Colombia que esto pasa y se materializa a través del reconocimiento del Acuerdo de Escazú.

Primer acuerdo que integra la obligación de los estados de garantizar la vida de las personas defensoras dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

Desafortunadamente, si bien, como mencionaba Camilo, el Acuerdo de Escazú finalizó su etapa de revisión en el Congreso de la República satisfactoriamente en el mes de octubre.

Actualmente estamos frenados, qué nos hace falta, nos hace falta la revisión constitucional.

Esta revisión es a cargo de la Corte Constitucional, quien tiene que dar un concepto favorable sobre si el acuerdo está conforme o no a la Constitución y al marco normativo de nuestro país.

Entonces, creo que este es un buen momento, recordando las cifras que se mencionan en el informe de Global Witness.

Donde, de hecho, se destaca que en Colombia las poblaciones más vulnerables a estos ataques son los pueblos étnicos y las poblaciones campesinas.

Quienes generalmente son estos liderazgos que se ven obligados a tener situaciones de riesgo con tomadores de decisiones o con actores ilegales.

Entonces, el llamado que nosotros estamos haciendo desde la Alianza Escazú Colombia, desde las diferentes organizaciones que acompañamos procesos sociales en los territorios.

Es un llamado a la Corte Constitucional a dar un concepto favorable sobre el Acuerdo de Escazú.

Necesitamos que este concepto favorable se dé para convertirnos en estado parte y que el gobierno nacional pueda empezar a implementar las políticas adecuadas para garantizar la vida de las personas defensoras.

Hay algo que también resaltamos nosotros a propósito del informe y es que no solo Colombia fue el país más peligroso y más mortal en 2022.

Sino que en líneas generales, desde que Global Witness está haciendo este informe, que se empezó a producir en el año 2012.

Colombia ha estado siempre encima y justo ahora es el primero, tiene el deshonroso primer puesto como país más mortal del mundo.

O sea, desde 2012 se han asesinado 382 líderes ambientales en el país y nos sigue Brasil con 376.

Filipinas con 282, México con 185 y Honduras con 131.

Pero hay un tema que llama mucho la atención y es que América Latina en general concentra gran parte de esos asesinatos.

Tan solo en 2022 se llevó el 88% de los asesinatos fueron en la región y ahí me gustaría preguntarle al Dr. Camilo.

Que ha recorrido también gran parte de las regiones y que entiende esta problemática, por qué está sucediendo esto.

Por qué hay tantas conflictividades en el sector ambiental en la región de América Latina.

Bueno, acá hay varias varias economías ilegales que entran en confrontación directa con los líderes ambientales.

Tenemos por un lado, acaparamiento de tierras, el otro lado, la industria de la, bueno, industria ilícita de la deforestación.

Extracción ilícita de metálicos y por supuesto también los cultivos de uso ilícito.

Entonces, alrededor de todo ese entramado económico ilegal aparecen diferentes fronteras de conflictividad.

Voy a poner una una situación y bueno, y un caso muy especial que tenemos en Colombia que lo quiero resaltar es con el agua.

Ese sí, Edwin, si si usted hace el rastreo en el mapa de toda América Latina, encontrará que esa condición es muy especial en nuestro país.

Y ahora ahora la describo, qué es lo que ocurre.

Vamos a un ejemplo que estamos experimentando en dos dos zonas del, dos en el Pacífico colombiano.

Pero voy a hablar específicamente de Tinbiquí en Quibdó.

Tinbiquí, dos líderes ambientales, 22 y 23 años, hace un año tuvieron que salir corriendo específicamente de su lugar de origen por amenazas.

Qué es lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban promoviendo la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito por un lado.

Y lo otro, estaban motivando a que jóvenes que aún se encontraban en el colegio no abandonaran el colegio por irse a la extracción ilícita de oro.

Ellos lo hacían de una manera absolutamente pacífica y digo lo hacían porque aunque aún están vivos, están, desafortunadamente, desplazados por los por los violentos.

Ya no pueden ejercer esa misma actividad, lo hacían de la manera pacífica, apelando a estrategias pedagógicas, culturales, mediante música, cantos, creaban rap.

Y tuvieron que salir de su territorio.

En Quibdó tenemos una una lideresa ambiental, obviamente no voy a mencionar su nombre por por seguridad.

Que es increíble que en este momento tenga que estar escoltada para desplazarse por la ciudad y lo único que ella hace es motivar a que los jóvenes no deserten de sus estudios escolares.

No deserten de la universidad y promueve espacios de de educación ambiental.

Y obviamente esto es muy lamentable porque estas personas hacen un esfuerzo gigante, un esfuerzo titánico para poder evitar que los jóvenes migren hacia la ilegalidad.

Pero pues quedan con las manos atadas ante estas economías que desbordan y lo dejo entre comillas, un éxito en la vida futura.

Muchos muchachos que a veces no encuentran otra oportunidad.

Y paralelo a esto, les comentaba, hay una excepcionalidad en Colombia que tiene que ver con la conflictividad por el agua.

Aparte de todo lo otro que les conté, bueno, quiero explicarles lo que ocurre, por ejemplo, con el agua en en la Alta Guajira.

La Alta Guajira está la desalinizadora más grande del país, es una desalinizadora que es pública.

Es una desalinizadora que en este momento tiene un literal acaparamiento en la distribución del agua.

Había una red de acueducto pequeña que tenía el Cabo de la Vela, la cual fue saboteada.

Entonces, la distribución de esa agua en ese momento está sometida a las decisiones de algunos clanes políticos, número uno.

Número dos, la distribución en carrotanques en la Guajira, que también se supone que es un servicio público.

Está sometido a unos precios de subasta en la que la gente tiene que pagar porque le llegue el carrotanque a su comunidad.

Y cuando no hay recursos, pues el agua no llega.

Y hay personas que han denunciado esta situación, les pongo el ejemplo también de una lideresa que trabaja con nosotros.

Y esta situación de pronto para muchas personas que están viendo esta transmisión y que viven en las grandes ciudades les parezca inconcebible.

Pero esto que les voy a relatar es lo que pasa en nuestro país.

Una gran amiga vive en Uribia, vive en un área marginal de Uribia, en un área muy humilde.

En la que no hay agua constantemente, en la que no hay energía eléctrica constantemente.

Y en ese lugar tan humilde hay escoltas y tiene una camioneta a su disposición buscando protegerla.

Porque ya venía también desde hace unos años realizando unas labores muy interesantes de poder integrar a la fuerza pública con la comunidad.

En unos procesos muy exitosos.

Entonces, uno no entiende cómo estas personas que la que lo juegan las 24 horas por sus comunidades tienen que vivir en estas condiciones.

Entonces, fíjense cómo esta persona que le relato del norte del país tiene un esquema de protección.

Pero igual su vida vive en riesgo completamente.

Otras dos personas que están en el Pacífico que han tenido que ser desplazadas y han tenido que renunciar a sus actividades si quieren vivir.

Entonces, los problemas que viven los líderes ambientales en el país se destacan por una enorme complejidad.

Y sin duda, Colombia necesita más instrumentos vinculantes que le generen compromisos para poder tener las herramientas necesarias para proteger a los líderes ambientales.

En este momento eso eso no existe y por eso es que necesitamos que sea ratificado por parte de la Corte Constitucional el Acuerdo de Escazú.

Y hay otro punto que también genera mucha conflictividad, Edwin, ya con esto cierro la respuesta y tiene que ver con la transparencia de la información.

Muchas veces cuando viene un proyecto empresarial y no solamente esto, sino cuando hay decisiones gubernamentales.

O cuando hay información, por ejemplo, de salud pública o de salud ambiental, como ocurre con frecuencia en temas de calidad de aire.

No hay datos disponibles, los datos no son transparentes, a pesar de que existen muchas veces la generación de esos datos.

La comunidad no termina de enterándose.

Entonces, si sumamos todo este asunto que tiene que ver con la protección de los líderes ambientales y derechos humanos y la transparencia de la información.

Seguramente vamos a tener los argumentos de razón suficiente para pedir la ratificación del acuerdo.

Pero además de la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es claramente una herramienta importante.

Me gustaría hablar con Vanessa de otras herramientas jurídicas que hoy también existen o que se están trabajando.

Como por ejemplo, que el gobierno incluyó la protección de los líderes ambientales en el Plan Nacional de Desarrollo.

La ministra nos hablaba de las acciones que han venido tomando desde el ministerio y que como los puestos de mando unificado por la vida.

Y que en teoría pueden ayudar a la protección de los líderes ambientales, han sido esto de lo que vimos de lo que hemos visto hasta ahora en 2023.

Suficientes acciones para proteger la vida de los líderes ambientales y defensores de la tierra.

Bueno, yo esta es una pregunta supremamente clave, yo creo que es un excelente primer paso.

En un país donde históricamente, como tú lo mencionabas, se ha desconocido el rol de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en nuestro país.

A tal punto que dentro de nuestro marco normativo no hay una definición.

O sea, en Colombia no es claro desde la norma qué es un defensor ambiental.

Pese a que a nivel territorial, creo que es bastante claro, los procesos comunitarios que lideran la protección del agua.

Que lideran la protección de la Amazonía, de los páramos en nuestro país, no tienen ni siquiera una definición y mucho menos un escenario de protección efectivo a partir de sus necesidades.

Y esto, precisamente, lo mencionan diferentes personas defensoras cuando hablan de la poca eficacia de la asignación de un chaleco.

De la asignación de un celular para garantizar su vida en territorios alejados del país.

Por otro lado, creo que es importante mencionar que, efectivamente, a partir de la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Se suma dentro del Plan Nacional de Desarrollo estrategias para la protección de las personas defensoras.

Creo que acá, y de hecho, mencionar esta semana, el día de ayer se llevó a cabo el preforo de personas defensoras en el marco de la agenda del Acuerdo de Escazú a nivel regional.

Del próximo 26 al 28 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Panamá el segundo foro de personas defensoras.

En el marco de la implementación del tratado se está creando un instrumento de protección que va a amparar a todos los países de América Latina y el Caribe que hacen parte del acuerdo de Escazú.

Y Colombia, pese a que todavía no ha terminado el proceso, hizo un preforo con la asistencia de diferentes personas defensoras de todo el país.

Esto lo impulsó, obviamente, el sector ambiente, pero fue interesante que diferentes carteras participaran.

Entonces, fue interesante, por ejemplo, escuchar al sector justicia, al sector defensa, al Ministerio del Interior.

Contar los avances que se están planteando frente a escenarios de alerta temprana, que creo yo, este es el escenario que debemos impulsar en Colombia.

Y es garantizar que se prevengan los ataques en contra de los defensores.

De nada nos sirve hacer homenajes póstumos a vidas que, por supuesto, no pueden ser reemplazadas.

A homenajes que no son suficientes para reemplazar la existencia de una persona defensora en un territorio y frente a su familia.

Entonces, me parece interesante cómo este gobierno está articulando a los diferentes sectores, a los diferentes ministerios y a las diferentes entidades de control.

Quienes de manera efectiva deben asumir un compromiso y este, digamos, es un llamado que nosotros hacemos como organizaciones ambientales.

Y es que proteger a los defensores ambientales no es solo una un compromiso que debe asumir el Ministerio de Ambiente.

O el Ministerio del Interior como entidades que generalmente son quienes muestran cifras, quienes muestran avances frente a protección de pueblos étnicos o poblaciones campesinas.

Este debe ser un compromiso de parte de todas las entidades del Estado y no solamente un compromiso en la norma, Edwin.

Sino también un compromiso de sensibilización.

En el espacio de ayer fue interesante cómo hablábamos de las diferentes barreras que tienen las personas defensoras para acceder a mecanismos de protección.

Se mencionaba, por ejemplo, que actualmente desde la ONP, que es la Unidad Nacional de Protección, se les exige requisitos absurdos.

Como copia de su cédula en una situación de crisis donde ellos están solicitando una medida de protección efectiva.

O se les se les solicita un certificado donde ellos demuestren que son defensores del territorio en una situación crítica.

Entonces, debemos fomentar escenarios de sensibilización, también, por ejemplo, el enfoque de género.

El informe de Global Witness lo menciona, 11% del total de personas asesinadas en el mundo son mujeres.

Y las mujeres tenemos una condición doble de afectación porque no solamente nos atacan por el rol de defensa, sino también por ser mujeres.

Entonces, en esos escenarios de recepción de denuncias, de trazar una ruta de implementación efectiva de protección.

Deben haber funcionarios y funcionarias sensibilizados y sensibilizadas que conozcan la dimensión de la responsabilidad que están asumiendo.

Al trazar una ruta de protección de una persona defensora en Colombia.

Y yo creo que algo de lo que dice Vanessa y que es muy relevante es cómo los defensores y defensoras de la tierra en Colombia han venido repitiendo una y otra vez.

Que las cosas están mal y que necesitan apoyo y tenemos justo a Oneida que logró volver a conectarse.

Y que nos decía en la nota que publicamos hoy en el tiempo, en varias en dos de las notas que publicamos en el tiempo.

Que desde 2019 ha recibido amenazas, que le dieron un certificado en el cual dice que tiene un riesgo sobre su vida.

Un riesgo extraordinario, le dieron un chaleco que no sirve, un celular que no toma señal donde ella está, que es en la zona rural de Barrancabermeja.

Y tampoco le dieron un botón de pánico que debieron haberle dado con el certificado y que nunca ha recibido.

Cómo ha sido eso, Oneida, de desde 2019 estar amenazada y aún así no haber sentido obtener los apoyos que se requiere para proteger tu vida.

Muy buenos días.

Quisiera confirmar el audio de la de la transmisión.

La escuchamos perfecto.

Listo.

Mi nombre es Oneida Suárez, soy activista ambiental, antiminera, antifracking, también soy docente en el municipio de Simitarra.

Pero mi proceso social está en el Carmen de Chucurí, Santander.

Quiero responder a la primera pregunta y es de cómo estar amenazada desde el año 2019 por hacer un activismo.

Desde el año 2015 contra el proceso minero de carbón y contra el petróleo, la explotación de petróleo invasiva y el fracking.

Decirle que pues es una situación que ni siquiera es de, digamos, encapsular en unas cifras.

Porque cuando amenazan a un líder o una lideresa social, se amenaza a toda una familia.

Se hace un desplazamiento forzoso la mayoría de las veces, donde te sacan de tu territorio.

Yo he sido una persona desplazada, como lo dije ayer en el alto gobierno, donde estuvimos participando con la compañera que está ahí de Ambiente y Sociedad.

Y decirles que desde los 6 años no ha habido paz para mi vida en el país de Colombia.

Que fui desplazada a los 6 años, a los 17 años y encuentro un nuevo territorio, que es el Carmen de Chucurí.

Y de allí tengo que volver a salir desplazada porque me opongo a un proyecto minero y porque digo que no puede ser posible.

Que una minería no tenga ninguna norma para actuar, una norma que sirva.

Porque ayer también quedó claro cuando estuvimos allí en el preforo que normas en Colombia y leyes hay muchas.

El tema es que no se aplican en favor de la tierra ni en favor de los que tienen voz.

Porque es que es un tema tan amplio que aquí pudiéramos discutir todo el día y es que no solamente los recursos.

Que lo que llaman recursos naturales, que no se debieran ni siquiera mencionar de esa forma, son algo que ni siquiera es nuestro.

No es totalmente para nuestra pervivencia, sino para la coexistencia y la pervivencia de aquellos seres que no se comunican con nosotros.

De la misma manera como nosotros lo hacemos, que sería por una voz, por un idioma, por una lengua.

Que ellos tienen otras formas de comunicarse, como los árboles, como es la voz del río, la voz de la montaña.

Y de todos aquellos que humanos que existen allí, entonces nos hemos vuelto seres humanos tan egoístas, tan egocéntricos.

Creyendo que somos dueños de todo, creyendo que las decisiones que nosotros tomamos son las soberanas sobre todo.

Y nosotros no somos soberanos, somos parte de, parte de un ambiente que coexiste.

Parte de un equilibrio que si se afecta de una manera invasiva, como lo hacen las mineras y las petroleras.

Pues va a afectarnos directamente a nosotros como especie, pero también a todas aquellas que nos rodean.

Entonces, yo alcancé a escuchar a Camilo hablar de la Guajira y es un tema en el que vamos a hablar de amenazas.

Y del diario vivir de un líder y lideresa ambiental, allí es donde hay 40 años de injusticia.

40 años de de despojo, 40 años de muerte en este territorio.

Territorio que me he paseado mucho, sobre todo en la ribera del río Ranchería.

Donde están todas las amenazas, aquellos líderes y lideresas que fueron despojados.

Que algunos pueblos fueron sacados en camiones y votados en otros municipios, peor que si fueran especies de animales.

Entonces, yo pienso que que hay una deuda también histórica en este país con esas comunidades desplazadas.

Porque no son reasentadas, son desplazadas ambientales.

Y si hablamos de las amenazas, estas son a diario, son el pan de cada día de de nosotros.

Los que defendemos los derechos humanos, los derechos ambientales, siempre estás al acecho.

Nunca estás tranquilo, nunca sabes, si lo dije en una entrevista y lo dije, nunca sabes si terminas vivo al final del día.

O sea, todos los días es un nuevo comienzo y todos los días se agradece cuando termina el día, cuando ves a tu hijo llegar a casa.

Todos los días es como decir, hoy volví a empezar, hoy estoy vivo y hoy valió esta lucha para para los para la defensa del agua y de la vida.

Entonces, ya cierro con esto y decir que el Acuerdo de Escazú debe ser ratificado.

Porque necesitamos al menos unas garantías mínimas para la defensa de los derechos humanos.

Y adicional a eso, necesitamos que se reconozca que sí hay unos desplazados ambientales por proyectos extractivos en Colombia.

Que donde está la mina más grande de Latinoamérica, que es el Cerrejón, donde hay 69.000 hectáreas que están explotando carbón.

Allí hay más de 25 comunidades que fueron desplazadas de su territorio con su cultura, con sus familias, con su lengua.

Con todo lo que enmarca enmarca tener un territorio para la vida, con los animales, con todo, con todo.

El desarraigo es total y también para nosotros en la zona de Barrancabermeja, que llevamos más de 100 años de industria petrolera.

Y que llevamos en nuestro municipio 20 años de industria minera, pues también requerimos que se reconozca que sí hay unas afectaciones.

Y dentro de esas afectaciones está la falta de protección a nuestros liderazgos.

Y vuelvo y lo ratifico, liderazgos políticos, sociales, liderazgos que formamos las comunidades.

Liderazgos que tenemos escuelas de jóvenes ambientales, liderazgos que son diferentes a los liderazgos políticos electorales.

Que se la pasan buscando votos por los territorios.

La la ONP, la verdad, yo lo dije ayer, me ratifico hoy en que desde el 2019 sufrí amenazas hasta el 2023.

Sufrí las últimas amenazas después de 19 días de protesta.

Y pues realmente me deja mucho que desear y es que hasta este año reconocieron que yo tengo un riesgo extraordinario.

Y adicional a eso, me mandan un chaleco que ni siquiera me preguntaron cuál era mi medida para el chaleco.

No me queda bueno, está en una puntilla, allá colgado en un bolso.

Un teléfono que si tú sales de la zona urbana no sirve en ninguna parte.

Un botón de pánico que decía la resolución que me lo debían entregar y no llegó.

Y pues realmente por esas mismas amenazas en las que yo aparezco en el primer lugar.

Que es algo infortunado, por esas mismas amenazas hay gente que tiene chaleco, que tiene su dos escoltas.

Carro blindado, ah, pero pertenecen a otro tipo de liderazgos, a liderazgos que fue se tomó la foto y que es político electoral.

No político social, ahora más allá del chaleco, de los escoltas y del carro blindado.

Que es una cosa que a mí me parece tan insuficiente y que ayer lo dije y que no es lo que deseo.

Considero que el gobierno nacional debe ratificar este tipo de acuerdos y que se debe conseguir, no sé, si con cooperación internacional.

Con temas psicosociales, no sé cómo haya que hacer, pero una cosa sí tengo clara y es que le pongan freno a esas empresas de muerte.

Porque es que quién nos amenaza, no podemos decir que la empresa porque nos judicializan.

Pero si yo no tengo otro problema y lucho contra una empresa, dónde vienen las amenazas.

Entonces, sí hay que ponerle un estate quieto a esas empresas desde lo jurídico, un estate quieto desde la legislación ambiental.

Si no hay la norma, hay que crearla, pero que respondan.

Porque es que un campesino tumba cinco árboles, lo echan a la cárcel 5 o 6 años.

Y una empresa minera tumba cualquier cantidad, 3.000, 4.000 los árboles que quiera y no hay no hay una penalización para ello.

Entonces, sí considero que se debe ratificar el acuerdo, considero que a los defensores ambientales no nos hace falta un carro blindado.

Y un poco de gente armada, pero nos hace falta un territorio de paz, un territorio para la vida.

Donde respeten nuestros usos y costumbres y donde nosotros podamos levantar nuestra voz sin ningún riesgo.

Muchas gracias.

No, muchísimas gracias a usted, Oneida, por lograr conectarse con nosotros y exponer todo lo que dice.

Y esa falta de protección que siente no solo usted, sino muchos de los liderazgos ambientales y defensores de la tierra que hay en ese país.

Y antes de cerrar, me gustaría preguntarle a Vanessa, a Camilo y si alcanzamos con Oneida, que creo que no.

Porque como ella lo decía, es docente y justo ahora está en clases y pudo conectarse un momento para hablar con nosotros.

Pero me gustaría preguntarle a nuestros otros dos invitados, cuál es su mensaje para el gobierno.

Y cuál es su mensaje para la Corte al respecto de las acciones que faltan para proteger a los defensores ambientales y de la tierra en Colombia.

Y para detener esta masacre que estamos viviendo y que este año registró Global Witness.

Que el 2022 fue el año nuevamente más peligroso para ser líder ambiental en Colombia.

Bueno, yo creo que me concentraría en tres llamados concretos.

El primero al gobierno nacional para que persista en impulsar políticas públicas de protección a los líderes ambientales.

Creo que esto va en un sentido correcto.

Segundo, llamado a la Corte Constitucional para que escuche a los ciudadanos, para que escuche a los líderes ambientales de las regiones apartadas del país.

Y que no se quede solamente con el análisis de la técnica jurídica, sino que además los vincule a ellos a este proceso.

Y un tercer elemento, un tercer llamado es a toda la sociedad civil para que con los herramientas que ya mencionó Vanessa que existen.

Se vinculen a participar en los escenarios de discusión que que se van a tener.

Definitivamente el Acuerdo de Escazú no es una posibilidad o algo optativo que pueda tener Colombia.

Sino nosotros consideramos que es esencial para la protección de los líderes ambientales, para la transparencia de la información.

Y para que Colombia deje de ocupar este deshonroso puesto que hoy nos tiene acá en este live.

Estamos totalmente de acuerdo con esas posiciones que usted manifiesta, Dr. Camilo.

Y muchísimas gracias a ustedes dos, a Oneida, que nos acompañó un tiempo muy corto.

Y lo que esperamos es que el próximo año Colombia baje y ya no sea el lugar más peligroso y más mortal para los defensores ambientales de la tierra.

A todas las personas que se conectaron acá en el tiempo, sigan conectados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web.

Muchísimas gracias.