Para hablar del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, primero debemos comprender la evolución de los distintos sistemas que le dieron vida al modelo que conocemos actualmente.
En 1991, el Estado colombiano estableció los principios de la función administrativa y de mecanismos de control a través de los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, es decir, que sentó las bases sobre las cuales se construyen todos los sistemas de control y de calidad aplicables al Estado colombiano.
Dos años después, a través de la Ley 87 de 1993, el Estado colombiano diseña e implementa el primer sistema de control interno de la época, fundamentado en la autorregulación, la autogestión y el autocontrol, este sistema se convirtió en la primera herramienta de la administración pública colombiana para fortalecer el control en las entidades públicas.
Posteriormente, para 1998, el Estado colombiano expide la Ley 489 de 1998, a través de la cual crea el Sistema de Desarrollo Administrativo, conocido como SISTEDA.
El cual es un conjunto de políticas, estrategias y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para las entidades de la administración pública colombiana.
A través de la Ley 872 de 2003 y decreta que en 12 meses se expedirá una norma técnica de calidad para la gestión pública, posteriormente conocida bajo las siglas NTCGP 1000.
Infortunadamente, su expedición fue bastante tardía, por lo cual, al momento de implementar el MECI 2005, este se encontraba desactualizado con relación a las actualizaciones de los modelos que lo inspiraron.
Pero esta vez, se aseguran de facultar al Departamento Administrativo de la Función Pública para que pueda actualizar de forma directa el modelo sin depender de la agenda política y sin depender de un trámite normativo engorroso.
Estas cinco políticas se convierten en la base de los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública que se emitieron a través del Decreto 2482 del año 2012.
Situación que obligó a muchas instituciones, como el Departamento Nacional de Planeación, a implementar de forma conjunta la NTCGP 1000 con la ISO 9001 para estar actualizados con las tendencias mundiales en temas de calidad.
A partir de aquí, era obvio para la Función Pública que se debían integrar estas herramientas para garantizar una adecuada complementariedad entre cada sistema.
Con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG 2.0, el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad se integran en un solo sistema.
A su vez, el Sistema de Gestión se articula con el Sistema de Control Interno a través de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
En otros términos, es una herramienta gerencial que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo, gestión de calidad y control interno, al tiempo que reconoce la importancia de comprender los derechos, problemas y necesidades de la comunidad para gestionarlos institucionalmente.
En total, el modelo contempla 19 políticas que son impulsadas a nivel nacional por 11 entidades comprometidas con la gestión y el desempeño institucional en Colombia.
En otros términos, esta dimensión hace énfasis en las habilidades, conocimientos y capacidades del personal como el activo más valioso de cualquier organización.
Por lo cual, reconoce que una gestión adecuada del talento humano es esencial para cumplir la misión estatal, garantizar los derechos y responder a las demandas de los ciudadanos.
Para garantizar lo anterior, la política se fundamenta en la adopción de un código de integridad, el cual establece como valores principales: honestidad, compromiso, justicia, diligencia y respeto.
La dimensión de direccionamiento estratégico y planeación concibe al MIPG como una herramienta que le permite a las organizaciones dirigir y planear adecuadamente.
Por lo cual, reconoce la importancia de que las entidades establezcan un horizonte de corto y mediano plazo para priorizar sus recursos y administrar apropiadamente el talento humano.
Esta política busca que las entidades públicas tengan claro cuál es el propósito fundamental de su organización, es decir, su misión, su razón de ser y su objeto social.
En otros términos, que las personas que integran la entidad comprendan para qué fue creada, qué debe hacer, por qué lo debe hacer, para qué lo debe hacer y para quién lo debe hacer.
Lo cual consiste en identificar los puntos críticos y factores de éxito, identificar capacidades administrativas y estratégicas, identificar riesgos a partir del análisis interno o a partir del análisis externo.
Lo cual implica que la organización cuente con un líder o área responsable de planeación, defina resultados, metas, actividades, responsables, tiempos y recursos en coherencia con los requerimientos de cada política de gestión y desempeño.
Esto implica que la organización debe tener claros los objetivos, planes, programas y proyectos para así determinar puntos críticos que requieran atención.
Esto consiste en definir una política interna de administración del riesgo en la que se valoren los riesgos operativos, de corrupción, de contratación y de defensa jurídica de la entidad.
Y de igual forma, contempla programar el presupuesto y ejecución del gasto, es decir, el programa anual mensualizado de caja PAC y el plan anual de adquisiciones de la entidad.
Para esto, agrupa 11 políticas que tienen como propósito orientar la realización de las actividades para lograr los resultados propuestos y materializar su planeación institucional.
La primera perspectiva o bloque busca revisar los elementos que debe tener en cuenta una entidad para operar internamente de forma adecuada y con calidad.
Gestionar sistemas de información y servicios tecnológicos, así como potenciar capacidades institucionales a través de las tecnologías de la información.
La segunda perspectiva o bloque busca desarrollar las políticas que permiten a las entidades mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa.
La primera política del segundo bloque o perspectiva reconoce la importancia del derecho de todos los ciudadanos para acceder a la información pública.
Para ofertar servicios a la ciudadanía en aras de garantizar la transparencia, la participación, la colaboración y la garantía de derechos a toda la población.
Así como jefes y líderes específicos para cada proceso de la entidad con la responsabilidad de autoevaluar su gestión y los desarrollos en cada proceso.
Es decir, esto implica evaluar los resultados del plan de desarrollo departamental y o municipal o los aportes correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo.
La dimensión de información y comunicación tiene como propósito permitir que los colaboradores y las dependencias puedan interactuar con el entorno y los diferentes grupos de valor.
Es decir, que la entidad cuente con servidores públicos bien informados sobre cómo opera la entidad y a su vez con ciudadanos bien informados sobre cómo hacer efectivos sus derechos.
Para fomentar la eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia en la gestión pública, impactando positivamente en la rendición de cuentas y el control social de los ciudadanos.
La tercera política de esta dimensión busca generar y disponer información estadística para mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en evidencias.
El primer eje busca el aprovechamiento de la tecnología análoga y digital para la generación, instrumentalización, difusión y aplicación del conocimiento.
El segundo eje lo que busca es que las entidades puedan investigar, idear, innovar y experimentar para la mejora en la gestión y en la implementación de los productos y servicios.
En resumen, esta dimensión de gestión del conocimiento y la innovación fortalece cada una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Es decir, que la gestión del talento humano esté alineada a los objetivos de la entidad para garantizar la coherencia y sinergia institucional en cada dimensión.